EL INCIPIENTE HOLOCAUSTO DE PEÑALOSA

Con sus actos de limpieza en nombre de la seguridad, el alcalde de Bogotá autoriza tácitamente para que se ejecute extrajudicialmente a quien no hace parte de cierto círculo social.

Por: Alex Guardiola Romero

Toda gran aniquilación humana ha comenzado con ingeniosos líderes que dicen traer la solución –casi mágica- a pueblos desilusionados; desilusión que, coincidencialmente, ellos también generan (inoculan, dice una teoría) en los ciudadanos a través de medios de comunicación a su servicio. En Bogotá, un mesías de barba repitió la receta de otro ínfimo mesías a quien es muy cercano afectiva y políticamente, y llegó a la alcaldía. Enrique Peñalosa llegó a “recuperar a Bogotá” y en solo 23 días ha demostrado que lo suyo es organizar y perpetuar varios negocios privados para una élite, no para los bogotanos en general. Peñalosa llegó para ejercer una plutocracia. Punto.

Lo peor, lo inquietante, es que Peñalosa y su equipo han dado muestras de haber comenzado un proceso de aquellos que la historia nos ha demostrado concluyen siempre en holocaustos, en tragedias humanas. Como cuando Hitler llegó al poder en la Alemania Nazi y pasó lo que todos sabemos que pasó. Y no exagero. Un lacónico recuento de estos pocos días del gobierno Peñalosa, es suficiente para demostrarlo.

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Rubiela Chivará era una mujer pobre que murió porque a la EPS Cruz Blanca no le dio la gana de autorizar una cirugía que necesitaba. Ella, angustiada y dolorida, el medio día del 19 de enero trató de llegar a una clínica, pero la muerte le ganó. Quedó tirada en una acera del norte de Bogotá, y allí permaneció su cuerpo por seis horas hasta que, obligados por la protesta de sus familiares y transeúntes que se solidarizaron, las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver. La respuesta del alcalde Peñalosa no fue de solidaridad, de humanidad, sino enviar a miembros del escuadrón antidisturbios de la policía de Bogotá para que disolvieran el tumulto. Al dolor respondió con odio, con violencia, con intimidación.

Una reunión pacífica de ciudadanos que se congrega hace meses en un sector del centro de la ciudad a encender lo que han llamado “La Llama de la Paz” en apoyo al proceso de La Habana, fue cercado y hostigado por miembros del escuadrón móvil antidisturbios de la Policía de Bogotá, cuyo jefe es el alcalde. ¿Desde cuándo, alcalde, realizar un acto simbólico a favor de la paz es peligroso?

El 21 de enero, un camión lleno de policías llegó hasta la céntrica Plaza de la Mariposa y, sin mediar orden judicial, procedió a capturar ilegalmente a un grupo de trabajadoras sexual y otras mujeres que estaban cerca (primero dispare y después pregunte, instruían algunos) como si ejercer la prostitución fuera un delito. Las golpearon, las subieron al camión como vacas, las esculcaron indignamente, las manosearon morbosamente, les dijeron impronunciables insultos y las llevaron detenidas por horas hasta que les dio la gana.

En otra actuación de las que caracterizan esta administración, desalojaron el Centro Cultural La Bodega, en la localidad de Kennedy, para abrir una oficina del acueducto. En ese centro cultural, niños, niñas y jóvenes pobres tenían acceso a limitados pero valiosos recursos que los alejarán de las drogas y la delincuencia, pero la administración eligió sacarlos de allí.

De repente, los medios de comunicación comenzaron a decir que Bogotá estaba llena de indigentes, de habitantes de calle. En su discurso legitimador de la barbarie, los informes periodísticos han dejado translucir que los habitantes de calle son los únicos culpables de la inseguridad. No sabe uno por qué de repente a los medios les interesa tanto esos a quienes han invisibilizado siempre. Y los han contado, nos han dicho dónde están, nos han hecho saber qué fea se ve la ciudad con ellos por ahí. No les importa por qué son habitantes de calle, o qué entidad los podría rehabilitar. La administración Peñalosa, cómo no, acabó con el programa de rehabilitación de adictos a drogas. No les interesa, ni siquiera porque algunos de ellos provienen de prestantes familias de la virreinal oligarquía bogotana que los excluyó y los abandonó a su suerte. Ese repentino interés en hacerlos protagonistas es sospechoso.

Y que no se nos olvide que esta administración ha proscrito los grafiti, bajo la excusa de ello genera inseguridad. No he visto al Jaime Garzón que pintaron en la calle 26 atracar a nadie, o a las figuras del grafiti a las víctimas asesinar a nadie. Lo que sí recuerdo es que un grupo de policías asesinó a Diego Felipe Becerra, un joven que tuvo la osadía de pintar una pared. Me pregunto cuántas víctimas como Diego Felipe se cobrará la macartización del grafiti promovida por Peñalosa.

El irreverente periodista Pascual Gaviria lo resumió en 140 caracteres, diciendo que las alcaldías de Bogotá y Medellín, donde también sucede lo mismo, están confundiendo seguridad con asepsia, lo cual siempre desemboca en desarrollar “limpiezas”. Eso está haciendo Peñalosa: está limpiando de trabajadoras sexuales a Bogotá, está borrando los grafitis y por ende a los grafiteros de la ciudad, está limpiando de vendedores ambulantes y estacionarios las calles, está atacando con el ESMAD a esos pobres que se atreven a protestar porque se les muere la mamá mientras espera que al sistema de salud se le antoje atenderla, está cerrando esos centros culturales de los barrios pobres donde niños y niñas encuentran alternativas a su dolorosa vida. En conclusión, está limpiando de “gentuza” a Bogotá, con lo cual está autorizando directamente a grupos delincuenciales para que operen asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas contra todo aquel que no pertenezca a sus afectos.

Daniel Mejía, flamante subsecretario de seguridad del alcalde Peñalosa, a quien nos vendieron como el gurú de la seguridad urbana que venía a salvarnos, si de verdad sabe tanto, debería estar enterado que hace dos décadas se dejó de utilizar la teoría de la Ventanas Rotas –aquella que dice que todo debe estar limpio para que haya seguridad- porque demostró que lo suyo solo era una solución “estética” de corto plazo, sin que se resolvieran los problemas de fondo. Es decir, igual nos iban a robar, pero por un ladrón bien vestido y perfumado. Otra razón es porque eso incentivó los escuadrones de la muerte que ejecutaban “limpiezas sociales” en Buenos Aires, Río de Janeiro y otras ciudades. De esa estatura son los técnicos de la administración Peñalosa.

Lo peor, para decirlo parafraseando a Gandhi, es el silencio de la gente buena. Hay quienes incluso lo aplauden. Hay quienes justifican que respondan con gases lacrimógenos y golpes a esos atrevidos que no son capaces de irse con sus muertos sin protestar, quién los manda a no tener con qué ir al Jhon Hopkins Hospital, o por lo menos a la clínica Santafé. Hay quienes ven bien que saquen de las calles a las trabajadoras sexuales de la Plaza de la Mariposa, pues eso no importa mientras ellos puedan seguir haciendo pedidos a domicilio de putas de catálogo a un millón de pesos la noche. Hay quienes justifican que cierren los centros culturales de Kennedy, porque para aprender de cultura está el Metropolitan de Nueva York o el Louvre, no esos cuchitriles de pobres. Quienes aplauden lo hacen porque creen que eso no les toca, que eso les pasa a otros, que aquellos no son víctimas sino que se lo merecen. Ojalá no suceda como en el poema El Indiferente, de Martin Niemüller, atribuido por algunos a Bertolt Brecht, que cuando vayan por ellos no sea demasiado tarde. La barbarie, tarde o temprano, nos toca a todos.

Con su discurso y actuaciones de exclusión, Peñalosa abrió la puerta para la barbarie. Y guarden este escrito, léanlo de nuevo en dos años y díganme si me equivoqué. Lo vamos a lamentar.

 

Bogotá, Enero 23 de 2016.

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